Juan Antonio Quirós Acejo

Habiendo leído los artículos de Antonio Puech y Manuel Rosa, en los que se pone sobre la mesa el debate (que no es nuevo y que seguirá apareciendo, con toda seguridad, en multitud de foros) sobre la democracia (más concretamente sobre las democracias y la oposición entre democracia representativa y democracia directa) me atrevo a entrar en el asunto, aun a riesgo de que, como suele suceder, me lleve palos por los dos lados. Antes de pasar al meollo del asunto, quisiera dejar sentadas algunas consideraciones previas:

1. Considero que el término “democracia directa” no es el adecuado y que, de hecho, cuando uno lee el artículo de Antonio no es de eso de lo que habla. Creo que el debate es entre “democracia representativa” y lo que se ha dado en llamar “democracia participativa”. Democracia directa, en sentido estricto, fuera de la Atenas clásica y del marco de la ciudad-estado, es difícil, por no decir imposible, de encontrar.

1. Sobre el 15M: creo que, independientemente de la posterior aparición de Podemos como organización política “heredera” del movimiento 15M y aunque Podemos no hubiera nacido, las movilizaciones populares del 15M supusieron una oleada de aire fresco que vino a situar el cansancio y la indignación popular frente a esta democracia (con sus corrupciones galopantes, con el paro, los desahucios, la desigualdad, el hundimiento de las “clases medias”, la miseria general, la pérdida de derechos que con tanta sangre y sudor fueron conquistados… etc.). No creo que estuviéramos debatiendo lo que estamos debatiendo si no se hubiese producido ese tsunami de indignación popular que supuso el 15M.
2. Tras casi 42 años de militancia política (sobre todo en los movimientos ciudadanos o sociales, como ahora se les llama), hace tiempo que llegué a la conclusión de que cualquier debate teórico (ya sea sobre el socialismo, el comunismo, la democracia, la libertad y tantas otras grandes palabras/ideas) o tenía una aplicación concreta y práctica o no merecía la pena. Por ello, aviso desde ya que esta aportación busca sobre todo el lado práctico del asunto. Para dejar clara mi posición desde el principio, me declaro absolutamente partidario de lo que se ha venido en llamar la democracia participativa, en el sentido de que siempre he pensado que a mayor participación ciudadana, mayor y, sobre todo, mejor es la democracia, mayores son los controles sobre los representantes, mayores los obstáculos para los corruptos, más aceptadas las leyes y más justa la sociedad. Comprendo las objeciones de Manuel a esta forma de democracia y creo que tiene razón cuando habla de los peligros que, mal entendida y aplicada en la práctica, puede traer consigo. Está claro que una democracia participativa no puede querer decir que nada se hace sin consulta al pueblo. Está claro que los representantes elegidos por el pueblo tienen y deben tomar muchas decisiones que no tienen por qué pasar por la consulta popular. Pero tampoco se puede considerar que las elecciones cada cuatro años y el parlamento, sin más, son la democracia que corresponde a las sociedades modernas del siglo XXI. Creo que, manteniendo esas instituciones, hay que intentar profundizar la democracia en un sentido participativo, en el sentido de que los ciudadanos, el pueblo, tenga mayor participación en las funciones legislativas de la que actualmente le permite el sistema parlamentario representativo, una participación que vaya más allá del derecho a votar cada cierto tiempo.

Para la democracia representativa los partidos políticos son el eje del sistema, estos son el eslabón entre los ciudadanos y el Estado. Sin embargo, hoy, en España, los partidos políticos se encuentran fuertemente cuestionados, sus limitaciones son evidentes. Por ejemplo, la forma de elegir a sus candidatos, es en la mayoría de los casos, antidemocrática y sus estructuras están diseñadas para beneficio del propio partido y no para beneficiar a la población. De ahí la corrupción galopante.

Para los defensores de la democracia participativa el acento se tiene que poner en la interacción con los órganos gubernamentales, en la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana (el plebiscito y el referéndum), pero sobre todo en la toma de decisiones con base en la ciudadanía. Consensuar ideas y proyectos en la que los ciudadanos sean parte de las soluciones.

¿Quiero esto decir que los de abajo, sin conocimientos técnicos deben decidir sobre cuestiones complejas que, probablemente, no dominen o desconozcan? Por supuesto que no, no soy tan iluso como para pensar eso y ahí estoy de acuerdo con Manuel. Pero, cuidado: muchas veces ese recurso de que “es que esto es muy complicado y no lo vais a entender” es la excusa para hacer leyes contra los ciudadanos. Pongamos un ejemplo: hagamos de una vez una ley de educación que dure, al menos 25 años (los que se supone que tarda una persona en terminar los estudios desde preescolar hasta la graduación universitaria) Veamos cómo la hacemos:

1. En un sistema de democracia representativa pura y dura, a lo más que podemos aspirar es a que lleguen a un acuerdo todos los partidos para la elaboración y aprobación de esa ley. Eso si se llega, porque siempre habrá alguno que dirá que no lo firma y que querrá cambiarla.
2. En una democracia participativa, los legisladores elaborarán unas bases para esa ley. ¿por qué no puede ser sometida a un debate en todos los centros educativos del país, un debate en el que participen claustros de profesores, AMPAS y alumnos, debate en el que se aporten cuantas ideas y propuestas se quieran, un debate público del que luego los expertos y los legisladores saquen las conclusiones oportunas y las fijen en un texto definitivo? ¿Quién se va a atrever a decir siquiera que no la acepta y que la piensa modificar en cuanto pueda?

Aceptando la democracia representativa creo que tenemos que paliar o corregir las desigualdades realmente existentes para ampliar o profundizar la democracia en un sentido más participativo y más igualitario. Se puede y creo que se debe potenciar la toma colectiva de decisiones con la participación de todos los que han de ser afectados por la decisión y sus representantes deben tomar buena nota de ello. Porque el mundo cambia, la democracia ha de estar siempre en construcción o deja de ser lo que debiera ser. ¿Es acaso entendible que en 2016, cuando con un DNI electrónico puedes hacer casi de todo, tengamos a dos millones de personas, españoles, en el extranjero y que, para votar en unas elecciones en su país se encuentren con tantos obstáculos administrativos que, al final, sólo hayan votado menos de cien mil? ¿Es lógico que un partido político con 5 millones de votos obtenga 90 diputados (PSOE) o 71 (Podemos) mientras que otro partido (IU), con un millón de votos tenga sólo 2 diputados (está claro que me refiero a las elecciones de diciembre)? ¿No debiera ser lógico que si un partido llega al gobierno con un programa electoral tenga que cumplir lo escrito en ese programa y, si no lo hace en un plazo razonable, deba ser revocado? ¿No debiera establecerse la circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de diputados y aplicarse fórmulas que garanticen la igualdad del peso del voto de todos los ciudadanos?

Para terminar, porque mi intención no es más que la de aportar algo a un debate que debería ser más serio y profundo de lo que permite este formato de artículo, creo que hay algo en lo que, a pesar de las diferencias, todos estamos de acuerdo: esto no va, esta democracia, aquí, en España, y ahora, en 2016, con una calor de espanto en Sevilla, está tocada del ala y hay mucho que cambiar y espero que sea contando con el pueblo.