Juan Manuel Álvarez Espada
Desde Encinasola
Después de la primera guerra mundial surgió un nuevo impulso en el estudio de la estrategia y su relación con la función política. Hasta ese momento, no se había planteado la necesidad de realizar una distinción entre las funciones políticas y estratégicas en un conflicto. Con la generalización de la democracia liberal y su intervención en dicha guerra, se produjo esa distinción. La estrategia, que era un concepto eminentemente militar, pasó a ser utilizada en la política. Apareció el concepto de “estrategia general” subordinándola a la estrategia clásica militar. Esta estrategia general aunaba los distintos aspectos que eran susceptibles de utilizarse en la guerra, en la que la estrategia militar era uno de esos aspectos. Surgieron nuevas voces que estudiaron estas relaciones, Castex, Beaufre y Aron en Francia, Sokolovsky en la URSS, Collins en EEUU, Baquer en España y Liddle Hart en Gran Bretaña.
Liddle Hart fue el creador del concepto de estrategia de aproximación indirecta. Según dicho concepto, la estrategia general coordina y dirige todos los recursos de una nación para obtener el objetivo militar o político señalado por la política general. Considera que el horizonte de dicha estrategia, no termina cuando acaba la guerra, sino que debe ir más allá y alcanzar la paz que sigue a aquélla. No se ha de vencer la resistencia del enemigo, porque la verdadera razón de ser de la estrategia general, es reducir la posibilidad de resistencia. Para ello se debe buscar el resultado más ventajoso, porque el verdadero objetivo es la dislocación del adversario, bien por reducción, bien por desorganización. La dislocación se logra por movimientos que perturben los preparativos del enemigo y amenace sus abastecimientos, las posiciones del frente creado o su retirada.
Quizás esta estrategia sea la menos vistosa de todas las que conocemos. Una estrategia de acción directa, con la posibilidad de encontrar la batalla decisiva con el enemigo será mucho más “hollywoodiense” pero necesita de más recursos y obliga a un proceso de consolidación de la paz mucho más arduo después de la “guerra».
Para mí la estrategia de acción indirecta que está llevando el gobierno de la nación, con el presidente Rajoy a la cabeza, frente al golpe de estado que se ha producido en Cataluña, es la mejor estrategia posible, la única posible, diría yo. Quizás los estrategas del “procès” estén esperando una acción directa de envergadura, algo así como la detención de los principales cabecillas del golpe incluido el presidente Puigdemont, una ocupación del palacio de la Generalitat o una acción violenta proveniente de un grupo radicalizado enfrentándose a la policía o entre grupos contrarios. Pero el gobierno, cuya misión, no lo olvidemos es garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional, está actuando con proporcionalidad, con inteligencia y sobre todo con un ritmo exasperadamente lento para cierta parte de la ciudadanía que considera, de forma mayoritaria, que lo que está ocurriendo en Cataluña se debería haber cortado de manera radical hace tiempo.
En España, tenemos casos de aplicación de estrategia de acción directa frente a situaciones excepcionales que no debieron producirse, por ejemplo, el GAL. Aquello dio oxígeno a la organización terrorista ETA para seguir con sus acciones sangrientas. No puede volver a ocurrir lo mismo.
Acciones como la incautación de propaganda, papeletas, clausura de espacios en redes sociales, intervención económica, tienen un gran alcance y no afecta directamente a los cabecillas del proceso aunque crea desorganización y reduce su capacidad de resistencia.
Todos sabemos, que estamos ante un choque de dos voluntades políticas, y que ese choque puede causar “bajas políticas”, eso será así y no queda otro remedio. Negociar bajo coacción ahora mismo es imposible, y todos tenemos que estar detrás del gobierno de la nación en estos momentos. ¿Deberíamos haber negociado antes para que se votara en Cataluña un proceso de autodeterminación?. Rotundamente, no. Nuestro ordenamiento jurídico actual lo hace imposible y los independentistas catalanes lo saben. Tampoco existe un ordenamiento jurídico internacional que lo ampare. Casos como los de Escocia, Irlanda del Norte o Quebec son completamente diferentes en sus orígenes y en su desarrollo. ¿Podría darse entonces un proceso diferenciador dentro de España que lo pudiera permitir?, es posible, pero deberían darse pasos previos, sobre todo por un cambio constitucional. Aunque no ahora.
Nadie es ajeno a que Cataluña tiene una identidad diferencial con respecto a otras regiones españolas. En el pasado han ocurrido confrontaciones entre Cataluña y el resto de España. Si nos circunscribimos al periodo constitucional del 78 hasta ahora, los diferentes gobiernos centrales han otorgados prebendas y beneficios tanto políticos como económicos a Cataluña a cambio de apoyos de legislatura o puntuales. Esto ha ido creando, sobre todo durante la etapa final del pujolismo la sensación, en Cataluña, de que las cotas alcanzadas en auto-gobierno y exigidas a finales del S.XIX y XX, habían quedado superadas. Es por ello que surgió el concepto de la «Europa de los pueblos y de las regiones” que debía ir más allá dado que la Unión Europea suplantaba los estados – nación que la sustentaban. O la realización de un nuevo estatuto de imposible ejecución en el ordenamiento actual por mucho que el presidente Zapatero, afirmara que iba a aprobar lo que viniera de Cataluña.
Pero todo esto que está pasando no es sólo una “entelequia política”, tiene también aspectos económicos que fueron causa principal en la actual situación. La situación económica de Cataluña es catastrófica, con una deuda innombrable (aderezada con comisiones y robos a las arcas catalanas por algunos prohombres de la región). El ex-presidente Mas llegó a Madrid con una disyuntiva al presidente Rajoy: o se aceptaba un pacto fiscal, a la vasca (por lo del concierto económico vasco) o se iba a un proceso de independencia. Está claro que el presidente Rajoy contestó lo que tenía que contestar y aquí estamos.
La pregunta no es ¿qué va a pasar el 1 de Octubre? sino ¿qué va a pasar a partir del 1 de Octubre?. Doy por hecho que el referéndum no se va a celebrar, pero elucubremos un poco:
- Se celebra el referéndum ilegal, el gobierno central pierde políticamente el envite y el presidente Puigdemont declara la república catalana desde el balcón de la plaza de Sant Jaume, el gobierno central aplica el estado de excepción o aplica directamente el art. 155 de la constitución. No creo que se vaya a dar ese caso.
- No se celebra el referéndum y no hay debacle en el bando independentista. En esta situación, las formaciones de izquierda del congreso, presentan una moción de censura, cae el presidente Rajoy y, presumiblemente, el líder socialista Sánchez tiende la mano a los independentistas y vamos a una república federal o confederal, según el caso.
- No se celebra el referéndum, hay debacle independentista ¿Con quién se negocia la nueva situación? No lo sabemos. Este proceso es cuasi un proceso revolucionario y ya sabemos, de revoluciones anteriores, que los que empiezan dirigiendo las mismas, son engullidos por ellas antes de que triunfen. Este es un verdadero problema puesto que se va a tener que negociar la nueva situación con alguien que no sabemos quien va a ser. Quizás se crearía una formación de centro derecha o centro izquierda con algún sector catalanista, el PSC y ciudadanos. Habría que aplicar el 155, aunque no de manera total, asumiendo el estado el control de educación (sobre todo este aspecto) y economía y declarando nulas las formaciones “montañesas” (CUP, ARRAM y compañía). En este escenario, se crea un victimismo en personas de dicha formación y no descarto la aparición de violencia política en forma de terrorismo.
Esperemos acontecimientos.